Protestan contra imposiciones de la Junta Fiscal y reclaman auditoría

Protestan contra imposiciones de la Junta Fiscal y reclaman auditoría

August 9, 2017

Decenas de manifestantes protestaron hoy frente a la corte federal en Hato Rey en repudio a las imposiciones de la Junta de Control Fiscal que atentan contra las pensiones y salarios de los empleados públicos, a favor de una auditoría integral de la deuda y la investigación del rol de los bancos en la crisis financiera del país.

La convocatoria hecha por un amplio y nutrido grupo de organizaciones coincidió con la celebración de la vista del caso que preside la jueza de la corte federal de quiebras, Laura Taylor Swain, que atiende la reestructuración de la deuda de Puerto Rico bajo el Título III de la Ley Promesa.

Decenas de manifestantes protestaron hoy frente a la corte federal en Hato Rey en repudio a las imposiciones de la Junta de Control Fiscal que atentan contra las pensiones y salarios de los empleados públicos, a favor de una auditoría integral de la deuda y la investigación del rol de los bancos en la crisis financiera del país. (Fotoperiodista: Axel Peña)

Decenas de manifestantes protestaron hoy frente a la corte federal en Hato Rey en repudio a las imposiciones de la Junta de Control Fiscal que atentan contra las pensiones y salarios de los empleados públicos, a favor de una auditoría integral de la deuda y la investigación del rol de los bancos en la crisis financiera del país. (Fotoperiodista: Axel Peña)

Eva Prados Rodríguez, portavoz del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda Pública, anunció que le harán llegar a la jueza Taylor Swain copia de las 140 mil firmas de personas que peticionaron la auditoría integral de la deuda antes de cualquier restructuración.

“Queremos que la jueza conozca de primera mano la masividad del reclamo de una auditoría integral e independiente y que la misma no puede ser delegada a la Junta de Control Fiscal que como institución no cuenta con la confianza ni la credibilidad ante el pueblo que exige procesos justos y transparentes”, afirmó la licenciada Prados.

“En particular, el Frente insiste en que antes de cualquier restructuración de la deuda se debe realizar una investigación sobre la crisis financiera que examine con rigurosidad el rol que jugó la banca en el endeudamiento monumental del país en especial el Banco Popular, el Santander y el Gubernamental, así como las casas de corretaje e inversiones que se lucraron con las emisiones de esta deuda. El gobierno no actuó solo y estas instituciones financieras también deben ser investigadas y si incumplieron con su responsabilidad o cometieron ilegalidades deben responder por ello”, añadió.

La también abogada Ana Irma Rivera Lassén, portavoz de la Concertación contra la Junta de Control Fiscal, declaró que “es importante que tanto la jueza federal como la Junta y el gobierno de Estados Unidos vean y sientan la indignación del pueblo con las medidas de austeridad que le han impuesto por más de 10 años y que pretenden incrementar condenándole a la indigencia y a la emigración”.

“La Concertación no reconoce la legitimidad de la Ley Promesa ni de su criatura, la Junta de Control Fiscal que no nos representa ni representa lo mejores intereses del pueblo y cuyo mandato es exprimir a las y los puertorriqueños para pagar una deuda ilegal”, insistió Rivera Lassén.

La convocatoria hecha por un amplio y nutrido grupo de organizaciones coincidió con la celebración de la vista del caso que preside la jueza de la corte federal de quiebras, Laura Taylor Swain, que atiende la reestructuración de la deuda de Puerto Rico bajo el Título III de la Ley Promesa. (Fotoperiodista: Axel Peña)

La convocatoria hecha por un amplio y nutrido grupo de organizaciones coincidió con la celebración de la vista del caso que preside la jueza de la corte federal de quiebras, Laura Taylor Swain, que atiende la reestructuración de la deuda de Puerto Rico bajo el Título III de la Ley Promesa. (Fotoperiodista: Axel Peña)

Por su parte, el líder sindical José Melara, de UAW, recordó que “la imposición de la reducción de la jornada laboral y el atentado contra las pensiones de las y los jubilados que ordena la Junta de Control Fiscal, representa un golpe mortal a la precaria sobrevivencia en que viven las y los empleados públicos y también hundirá aún más la economía”.

“Los procesos que se siguen tanto en la corte como en las oficinas federales o en los hoteles donde se reúne la Junta, no son trámites legales entre abogados y bonistas, son acciones que tienen consecuencias terribles en la vida de decenas de miles de personas de carnes y hueso. Por eso queremos que sepan de nuestra determinación de defender el futuro de nuestras familias a como dé lugar”, concluyó Melara.

En la actividad participaron además representantes y afiliados a otros sindicatos obreros, así como organizaciones comunitarias, profesionales, cívicas y religiosas.