Cierran temporeramente el negocio Zokkus en Isla Verde

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(CyberNews) – La Junta de Planificación (JP) con el apoyo de seguridad del Negociado de la Policía efectuaron la noche del miércoles el cierre temporero, por 30 días, del comercio Zokkus Lounge Restaurant en Isla Verde para iniciar un proceso administrativo sobre las operaciones, las posibles violaciones de leyes y las actividades que ponen en riesgo la seguridad de la comunidad.

Esta acción surgió luego de la reunión que sostuvo el gobernador Ricardo Rosselló con varios alcaldes y comisionados de policías municipales con el fin de buscar soluciones relacionadas con la seguridad, ante la cantidad de asesinatos reportados en los primeros días de 2019, entre los que está el de un sujeto ultimado a balazos en la Marginal Villa Mar, donde ubica el mencionado negocio.

“La Junta de Planificación como parte de su deber ministerial y como parte de los procesos de planificación entendió necesario iniciar una investigación, auxiliando al municipio de Carolina en su gestión de garantizar la calidad de vida de los residentes sector”, indicó la presidenta de la Junta, María Gordillo en una comunicación escrita.

Por su parte, el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Héctor Pesquera, afirmó que “se tomarán todas las acciones pertinentes para hacerle frente a los actos que alteran el bienestar de las comunidades de la isla”.

Gordillo detalló que la Junta de Planificación a base de las facultades que les provee el inciso 9, del artículo 11 de la Ley número 75 de 24 de junio de 1975, según enmendada, en donde se le concede a la Junta la facultad, entre otras cosas, de “[e]xpedir órdenes de hacer o no hacer y de cese y desistimiento para que se tomen medidas preventivas o de control que a su juicio sean necesarias para lograr los propósitos de esta ley y […] de los reglamentos de planificación”.

Asimismo, explicó que el inciso “f” del artículo 14.5 de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida como la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos, autoriza a la Junta de a “emitir órdenes automáticas de cese y desista o de paralización inmediata […] cuando […] advenga en conocimiento de que el dueño de una obra no obtuvo un permiso de construcción previo al inicio de la misma o no obtuvo un permiso de uso previo a comenzar la operación”.

“La notificación es expedida al amparo de lo dispuesto en el Artículo 11 de la Ley número 75 de 24 de junio de 1975, según enmendada, luego de advenirse en conocimiento de que las actividades y operación del negocio antes descrito, se ha hecho en contravención a los reglamentos de planificación y ordenamiento territorial, así como que dicha operación ha provocado actos en violación al orden público, que ponen en riesgo la seguridad y sana convivencia del sector, además por las posibles violaciones a las condiciones del permiso otorgado para dicho local”, expresó la presidenta de la JP.

“De igual modo, se expide la presente orden al amparo de la facultad concedida por el Artículo 14.5 de la Ley 161-2009, según enmendada, al advenir esta Junta en conocimiento de que en el referido negocio se llevan a cabo actividades para las cuales no se cuenta un permiso de uso debidamente expedido”, agregó.

El propietario del comercio podrá solicitar una vista administrativa para exponer sus razones para que la Junta considere revocar, modificar, o de otro modo, sostener dicha orden, según explicó Gordillo.