El Comisionado del Negociado de la Policía Henry Escalera Rivera junto a la Directora de Crimen Organizado del Departamento de Justicia, Fiscal María del Mar Ortiz Rivera, informaron que los Fiscales de la División de Crimen Organizado y Fiscales del Strike Force Estatal de las jurisdicciones de Guayama, San Juan y Fajardo, sometieron un total de 152 denuncias por violaciones a la Ley de Armas y la Ley de Sustancias Controladas.

Como resultado del operativo para atender el trasiego ilegal de armas, se presentaron cargos contra 42 individuos en las jurisdicciones de San Juan, Fajardo y Guayama. La fianza global impuesta fue de $14,175,000 millones de dólares.

Este operativo, es parte de las iniciativas del Plan Anti-Crimen implementado por Gobierno de Puerto Rico y es el resultado de una investigación que comenzó a principios en el 2019 y que requirió la realización de múltiples transacciones encubiertas para la compra de las armas. Las transacciones de armas ilegales se realizan dentro del contexto de diversos esquemas de delitos que van desde robos hasta asesinatos. Muchas de las transacciones fueron realizadas en lugares públicos como estacionamientos de centros comerciales y supermercados, restaurantes de comida rápida, negocios de venta de bebidas alcohólicas, estacionamientos de instituciones bancarias, predios de edificios gubernamentales, urbanizaciones y barrios.

“El Negociado de la Policía continúa con los esfuerzos para combatir la criminalidad y sacar de circulación cualquier elemento ilegal que abone a la violencia en nuestras comunidades. Las ventas ilegales de armas y municiones tienen un impacto directo en la seguridad de nuestro pueblo. Nos mantendremos trabajando para garantizar que la paz de los buenos ciudadanos no se vea interrumpida por transacciones ilícitas. Continuaremos ejecutando las diferentes iniciativas para, en unión a los entes municipales, estatales y federales, lograr un Puerto Rico más seguro para todos. Como ha sido la instrucción de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, no escatimaremos en la asignación de recursos para atender el desafío que representa la criminalidad en nuestras comunidades”, explicó el comisionado de la Policía, Henry Escalera Rivera.

En la Jurisdicción de San Juan los Fiscales Begoña de Jesús y Carlos Rivera Llorens presentaron 34 denuncias en el contra 13 imputados por violaciones a la Ley de Armas y Sustancias Controladas. La Jueza Raiza Cajigas Campbell del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, determinó causa probable para arresto contra todos los imputados en todos los cargos y ordenó el arresto de estos imponiendo una fianza global de $6,800,000. Mientras, en la Jurisdicción de Guayama, los fiscales de Strike Force Alfredo Lugo Meléndez y Rodolfo Olmedo Morales radicaron un total de 54 cargos por violaciones a la Ley de Armas en contra de 14 personas. La Juez Ingrid Alvarado Rodríguez del Tribunal de Primera Instancia de Guayama determinó causa en todos los cargos e impuso una fianza total de $1,800,000 contra los imputados. A su vez, el Fiscal Eduardo Beale Targa del Strike Force de la jurisdicción de Fajardo radicó en ausencia 64 denuncias contra 15 imputados. La Juez Vanessa Sánchez Velázquez del Tribunal de Primera Instancia de Fajardo determinó causa probable para arresto contra todos los imputados e impuso una fianza global $5,575,000.

La investigación fue liderada por la Fiscal María del Mar Ortiz Rivera, Directora de la División para Combatir el Crimen Organizado y las Drogas, junto a los fiscales Begoña De Jesús Meléndez, Carlos Rivera Llorens, Alfredo Lugo Meléndez, Rodolfo Olmedo Morales y Eduardo Beale Targa. Éstos trabajaron la investigación en coordinación con el Teniente Coronel Rafael Rosa, y el Sargento Luis Alvarado del Negociado de la Policía de Puerto Rico, así personal de la División de Inteligencia del CIC de San Juan, y las Divisiones de Drogas de Guayama y de Fajardo.

“Agradezco el excelente trabajo que han liderado el Comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico, Henry Escalera Rivera, la Directora de la División para Combatir el Crimen Organizado y las Drogas, fiscal María del Mar Ortiz Rivera, los fiscales de la División de Crimen Organizado, y el Teniente Coronel Rafael Rosa y todo el equipo de agentes de la Policía para lograr el procesamiento de estos delincuentes que ponen en riesgo la seguridad de nuestros ciudadanos. Los fiscales del Departamento de Justicia junto al todo el componente de seguridad trabaja arduamente para esclarecer estos delitos e identificar las organizaciones e individuos criminales que obtienen lucro económico de la actividad criminal”, expresó la secretaria interina de Justicia, Inés del C. Carrau Martínez.

Por su parte, el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Pedro Janer indicó que “los resultados de este operativo demuestran que el Negociado de la Policía cuenta con personal capacitado y adiestrado para realizar trabajos de inteligencia que ayuden eliminar factores de riesgo para la violencia y el crimen en nuestras calles. Reconozco el trabajo del comisionado Escalera y el personal de la Rama Investigativa para que este tipo de iniciativas se realice con éxito. Continuaremos trabajando en unión al Departamento de Justicia en la búsqueda de la seguridad para nuestras comunidades”.



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